¿Cómo se aplican los tratados internacionales en Canadá?
- Guillermo Cruz-Rico
- Nov 16
- 5 min read
Updated: Nov 17
En Canadá, los tratados internacionales no son automática ni directamente exigibles a menos que exista legislación de implementación aprobada por el Parlamento federal o las provincias, según su competencia. Sin que exista el proceso de implementación formal, los tratados pueden usarse como herramientas interpretativas, pero la ley interna siempre prevalecerá cuando exista conflicto con un instrumento internacional.
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Introducción,
¿Cómo se aplican los tratados internacionales en Canadá? Una explicación clara, con matices prácticos
Hablar de tratados internacionales en Canadá implica mirar más allá del acto diplomático de la firma. En la práctica, el punto decisivo no es la ratificación, sino cómo —y si— el tratado se incorpora a la legislación interna. Este matiz, que parece técnico, termina marcando la diferencia entre una obligación internacional y un derecho invocable ante un juez en Toronto, Vancouver o Montreal.
Los tratados no son abstracciones académicas, aterrizan en situaciones muy concretas: una empresa que depende de un acuerdo de protección de inversiones, una familia que necesita ejecutar una sentencia extranjera, o un gobierno provincial que debe ajustar su legislación para cumplir compromisos internacionales.
Sin embargo, en Canadá sucede algo que suele sorprender a quienes vienen de sistemas legales distintos, la firma del tratado no basta para que tenga efectos jurídicos inmediatos.
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Por ello, cualquier estrategia jurídica debe comenzar con una pregunta clave:
¿El tratado que se busca ejecutar está implementado en la legislación canadiense?
El enfoque dualista de Canadá: ¿qué significa?
Canadá ha adoptado un sistema dualista para la adopción y ejecución de tratados internacionales. El Ejecutivo federal puede firmar y ratificar tratados, pero no puede convertirlos en ley interna sin la colaboración del Parlamento y, en muchos casos, de las provincias.
En la práctica, el sistema es más matizado. La Constitution Act, 1867 distribuye las competencias legislativas de tal manera que:
El Parlamento federal puede implementar tratados en áreas como inmigración, comercio y derecho penal.
Las provincias deben legislar cuando el tratado afecta la propiedad, los derechos civiles, el derecho familiar o los servicios locales.
Esto genera un panorama en el que la ejecución y observancia de un tratado no depende solo de Ottawa, sino de la voluntad política y legislativa de cada provincia. Esa dinámica explica por qué un mismo tratado puede estar plenamente adoptado en Alberta, parcialmente en Quebec y ser prácticamente irrelevante en otra provincia.
Dos vías para implementar un tratado
Según mi experiencia, los legisladores suelen recurrir a dos métodos:
Incorporación textual: reproducen el texto del tratado y le otorgan “fuerza de ley”.
Implementación Interpretativa: ajustan o crean leyes para cumplir con el tratado sin transcribirlo.
Ambos mecanismos son válidos. Sin alguno de ellos, el tratado no puede considerarse exigible.
2. La labor de los Órganos Jurisdiccionales: interpretan, pero no sustituyen la Ley
Aunque un tratado no haya sido implementado, los tribunales canadienses rara vez lo ignoran. De hecho, los utilizan —con cautela— como criterio interpretativo. Es lo que se conoce como la presunción de conformidad: la idea de que el legislador canadiense no pretende contradecir las obligaciones internacionales del país.
Ahora bien, conviene ser realistas: la interpretación tiene límites claros.
Cuando la legislación interna choca directamente con un tratado no implementado, prevalece la ley interna. Esto puede resultar frustrante para quienes litigan con enfoque internacionalista, pero responde a una lógica constitucional coherente con el dualismo.
En materia administrativa y en la interpretación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, los tratados suelen influir más de lo que se piensa, pero como guía persuasiva, no como norma vinculante.
3. El papel de las provincias: a veces decisivo, a veces inadvertido
Quien ha trabajado en derecho comparado sabe que, en Canadá, las provincias no son actores secundarios. En varios ámbitos —familia, protección civil, contratos, asistencia social— son, de hecho, las protagonistas.
Por ejemplo, Ontario ha implementado el Procedimiento para la Implementación del Convenio de La Haya sobre Pensión Alimenticia (2007) (Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance) particularmente con:
Enmiendas 2020–2022 a la Interjurisdictional Support Orders Act (ISO Act)
Reglamentos complementarios
Designación de FRO (Family Responsibility Office) como Autoridad Central
Si Ontario no hubiera legislado, el convenio sería poco más que una aspiración diplomática dentro de la provincia.
Este tipo de diferencias explican por qué, al analizar la exigibilidad de un tratado, es indispensable revisar tanto legislación federal como provincial.
4. Supervisión parlamentaria y rol de organizaciones civiles
Aun cuando el Parlamento en la mayoría de los casos no tiene la atribución de ratificar la mayoría de los tratados juega un papel muy importante en materia de supervisión ya que:
Recibe reportes,
Revisa textos,
Analiza el cumplimiento, y
Examina la actuación del Ejecutivo.
Esto aumenta la transparencia, pero no convierte los tratados en ejecutables.
Por su parte, ONGs y organismos de derechos humanos:
Monitorean cumplimiento,
Litigan estratégicamente,
Presentan informes ante organismos internacionales.
Su labor tiene peso persuasivo, pero tampoco crea exigibilidad directa.
Desde 2014 nos dedicamos a apoyar clientes con sus necesidades extra-jurisdiccionales entre México y Canadá.
5. Implicaciones prácticas para gobiernos, empresas y litigantes
Para tener mayor claridad si un tratado internacional puede ser ejecutado en Canadá, se recomienda realizar un análisis jurídico que conteste los siguientes puntos:
Si el tratado requiere implementación federal o provincial,
Cómo afecta la división de poderes,
Y si existe capacidad legislativa para darle efecto interno.
Si hay legislación de implementación;
Si no la hay, si el tratado puede servir como herramienta interpretativa;
Cómo influye en derechos, procesos administrativos o facultades discrecionales.
Estrategias de litigio
Además de lo antes mencionado, cuando se trate de un litigio extra-jurisdiccional, también se recomienda atender los siguientes rubros:
Identificar las leyes de implementación;
Invocar la presunción de conformidad;
Apoyarse en órganos internacionales como criterios persuasivos;
Reconocer que, si existe conflicto con una ley interna, la vía adecuada podría ser la diplomática o internacional.
Conclusión: las preguntas clave
Al evaluar si un tratado internacional es exigible en Canadá, es indispensable responder:
¿Existe legislación de implementación federal o provincial?
Si no existe, puede el tratado utilizarse como herramienta interpretativa
¿Hay leyes provinciales específicas relevantes?
¿Canadá formuló reservas que limitan su alcance?
Comprender y atender estas preguntas es esencial para asesorar correctamente y estructurar estrategias jurídicas sólidas.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Canadá aplica automáticamente los tratados internacionales que firma?
No. Canadá tiene un sistema dual: sin legislación de implementación, el tratado no es directamente exigible.
¿Un tratado puede usarse en juicio aunque no haya sido implementado?
Sí, como herramienta interpretativa, siempre que el texto legal lo permita.
¿Las provincias tienen un rol en la implementación?
Sí. Si el tratado afecta materias provinciales, solo la provincia puede implementarlo.
¿Qué ocurre si una ley canadiense contradice un tratado?
En el ámbito interno, prevalece la ley canadiense.
¿Las ONGs pueden hacer que un tratado sea ejecutable?
No. Su influencia es persuasiva, no vinculante.
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*Guillermo Cruz-Rico es un abogado, consultor y emprendedor mexicano-canadiense, licenciado para ejercer tanto en Ontario, Canadá, como en México. Con más de dos décadas de experiencia, se ha consolidado como una de las principales referencias en asuntos legales transfronterizos entre México y Canadá. Su trayectoria combina práctica jurídica, trabajo institucional y la construcción de puentes entre ambos países. Para conocer más sobre su carrera y credenciales, haga click.